ANDIS: LA RED DE SOBREPRECIOS, LAVADO Y OPERADORES PARALELOS

Tras meses de investigación, esta semana se levantó el secreto de sumario en la causa ANDIS.
El fiscal federal Franco Picardi sostiene que la Agencia Nacional de Discapacidad habría operado como un dispositivo para direccionar compras, inflar precios y montar un circuito de retornos en la provisión de medicamentos e insumos de alto costo.
El sistema de direccionamiento dentro de ANDIS
Según el dictamen del fiscal federal Franco Picardi, la Agencia Nacional de Discapacidad habría operado entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 como un mecanismo destinado a favorecer a un conjunto reducido de droguerías mediante:
- Invitaciones selectivas
- Fragmentación irregular de compras
- Escalada artificial de precios
- Adjudicaciones preacordadas
Este proceso se habría realizado a través del SIIPFIS, un sistema informático presentado como herramienta de transparencia, pero utilizado, siempre según la fiscalía, para restringir competencia y simular procesos abiertos que en realidad ya tenían un ganador.
Además de la Suizo Argentina de la familia Kovalivker, socios de los Menem, otras droguerías beneficiadas serían Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, cuyos precios “configuraban un patrón injustificado en el mercado”.
Los principales perjudicados: los beneficiarios del programa Incluir Salud, quienes dependen de medicamentos e insumos de alto costo.

La estructura interna
Dentro de ANDIS, el circuito se articulaba mediante un grupo reducido:
- Diego Spagnuolo, director, señalado como el responsable de habilitar el mecanismo general.
- Daniel Garbellini, operador interno central en la ejecución cotidiana.
La red no se limitaría a funcionarios. También habría operadores externos sin cargo, con acceso directo a áreas sensibles del organismo, funcionando como un “organismo paralelo” que tomaba decisiones propias, usando la estructura estatal como soporte:
- Miguel Ángel Calvete, presunto articulador del circuito financiero, presiones a proveedores y recaudación.
- Pablo Atchabahian, con llegada a sistemas internos, sería el encargado de direccionar compras y consolidar listas de proveedores.

Además, el fiscal menciona que se encontraría personal de confianza infiltrado en áreas críticas: Lorena Di Giorno y Eduardo “Pino” González que actuabarían como agentes de Calvete, filtraban información y facilitaban los pagos. Se le suma Luciana Ferrari que manejaría la operativa técnica y administrativa para Atchabahian como empleada del laboratorio Roche, poseyendo usuario y contraseña del sistema digital interno de Andis con el fin de operarlo desde afuera.
La ruta del dinero ANDIS
El dictamen fiscal introduce un punto clave: la trazabilidad del dinero.
La fiscalía detectó múltiples operaciones entre droguerías investigadas y actores externos:
- Remisión de efectivo
- Transferencias
- Emisión de cheques
- Triangulaciones con empresas satélite
En esta etapa aparece Alan Pocovi, junto con Sergio Mastropietro y las firmas Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.
Alan Pocovi, hijo del ex marido de Zulemita Menem y Sergio Mastropiero, socio de Diego Santilli, se encargaría de transferir el dinero usando criptomonedas y también lo habrían pasado como millas de su empresa de aviones que llevó a Milei de viaje en varias ocasiones.

Por esta razón, el dictamen incluye el pedido de allanamientos en los domicilios de Pocovi, Mastropietro y otros implicados.
La figura de Pocovi es especialmente relevante porque su familia mantiene vínculos históricos con el menemismo y hoy tiene presencia dentro de estructuras estatales controladas por el gobierno libertario.

Mientras que Mastropiero sería uno de los socios del criminal internacional Fred Machado, denunciado por estafas aeronauticas y tráfico de droga, además de haber financiado las campañas de José Luis Espert y Patricia Bullrich.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Machado se asoció en Argentina con Mastropiero por medio de la empresa So Vain S.A. Mastropiero era ejecutivo de Avian Líneas Aéreas, nombre que adoptó Macair, aerolínea del grupo empresarial Macri. Aunque SOCMA afirmó haber vendido la empresa, sus ejecutivos continuaron trabajando en Avian.
El fiscal Jorge Di Lello y el juez Sergio Torres investigaron la venta, la concesión de rutas aéreas muy ventajosas a la nueva aerolínea (presentada como si formara parte de la colombiana Avianca) y la asignación de hangares de primera categoría en la zona restringida de seguridad del Aeroparque a otra empresa dirigida por Mastropiero, Hangares de Buenos Aires.
El nexo político: Karina Milei, el menenismo y el aparato estatal
En múltiples organismos, PAMI, Vialidad Nacional, y ahora ANDIS, se detectó presencia simultánea de:
- Cuadros libertarios vinculados al círculo íntimo del presidente
- Operadores con llegada directa a Karina Milei
- Funcionarios o contratistas asociados a familias cercanas a los Menem, incluyendo los Pocovi.

La investigación de la fiscalía del caso ANDIS revela, en paralelo:
- Contrataciones directas con empresas vinculadas a Pocovi en distintos organismos del Estado.
- Flujos de dinero vinculados a una causa penal por corrupción y lavado.
Esta superposición, señalada por el fiscal y construida mediante documentación y operaciones bancarias, refuerza la idea de una red que atraviesa múltiples áreas, más allá de un solo organismo.
Las investigaciones previas sobre PAMI, contratos inmobiliarios, fundaciones y fondos vinculados a actividades políticas libertarias ya habían mostrado otro patrón:
- Sobreprecios
- Proveedores elegidos a dedo
- Ausencia de competencia real
- Utilización de empresas de amigos
- Y flujos financieros que terminan en estructuras privadas o en manos de operadores políticos.
La causa ANDIS encaja en esa lógica: un organismo público convertido en fuente de recursos, articulado por operadores que responden a sectores del poder político, con un recorrido que incluye direccionamiento, retornos, recaudación y, finalmente, lavado.




