¿CUÁNTO CUESTA SILENCIAR A LOS JUBILADOS?
En medio de las políticas de austeridad que profesa el presidente Milei para el pueblo, pero de la que su gabinete está exento, los jubilados han quedado del lado filoso de la motosierra. Bullrich, en cambio, es parte de los exentos, ya que maneja una cartera que despilfarra en equipamiento que parecería más acorde para ir a combatir contra el ISIS que para calmar unas marchas en la calle protagonizada por personas mayores. ¿Cuánto nos cuesta el teatro de Bullrich?
Gasto sin sentido
Desde febrero, las fuerzas de seguridad, bajo la dirección de la ministra Patricia Bullrich, utilizan el gas pimienta Mk-9 Magnum de 369 gramos, nivel 2, importado de Estados Unidos.
En Mercadolibre, plataforma favorita del presidente Milei, el mismo gas pimienta está disponible por entre $220.000 a $300.000 pesos. En cambio, un jubilado que percibe la mínima en marzo ganará $279.000. Por ende, al gobierno le sale lo mismo pagarle a un jubilado que pegarle a un jubilado.
¿Compras sin licitación pública?
Invocando una «emergencia de seguridad», la ministra Bullrich esquivó los procedimientos de licitación pública, realizando compras al margen de la supervisión de la SIGEN (el organismo fiscalizador del gobierno).
El despilfarro incluyó más de $12 millones de dólares en armas de fuego, escopetas, patrullas y vehículos 4×4 para las fuerzas de seguridad federales. También se adquirió tres millones de balas de plomo, junto a 10.000 pistolas y 2.000 equipos antidisturbios.
Este método de compra directa permitió al gobierno aumentar la potencia de fuego de sus fuerzas, desplegadas para reprimir las protestas contra sus políticas de austeridad, mientras criminales y narcos siguen pululando sin control alguno.
Exigiendo a los sindicatos que paguen el despliegue policial
Además de estas compras, Bullrich introdujo una controvertida medida dirigida a los sindicatos. El ministerio comenzó a enviar avisos legales oficiales exigiendo que los sindicatos cubran los costos de los despliegues policiales durante las protestas. Esta medida busca transferir parte de la responsabilidad financiera de las operaciones de seguridad a las organizaciones que habrían impulsado las manifestaciones.
La adicción de Bullrich por grabar videos y sacar fotos que la muestren como la pionera de la mano dura, pero atacando civiles mientras los criminales siguen en plena libertad, muestra su incapacidad para continuar en el cargo.
