EL NEGOCIO INMOBILIARIO CON LOS DESALOJOS DE JORGE MACRI
El Gobierno de Jorge Macri presentó como una política de recuperación de inmuebles los operativos para desalojar propiedades ocupadas en la Ciudad de Buenos Aires.
La gestión sostiene que se trata de devolver los edificios a sus “verdaderos dueños”. En uno de los casos, por ejemplo, informó que había recuperado un edificio de dos pisos con terraza que llevaba unos 20 años ocupado. Según lo que informa el Gobierno porteño, allí había denuncias por peleas, robos y disparos y funcionaba como un “aguantadero”. Durante el procedimiento también se encontró un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad.
Con ese operativo, la gestión de Jorge Macri contabilizó más de 610 inmuebles devueltos a sus verdaderos dueños. El problema viene que La Ciudad no publicó un detalle oficial que permita conocer qué ocurrió con cada uno de estos inmuebles ni cuál será su destino.
Bienes que pueden terminar en el mercado inmobiliario
Entre los inmuebles recuperados se mencionan propiedades que podrían corresponder a herencias vacantes. En esos casos, los bienes pasan al patrimonio público y, por ley, esos bienes deben destinarse primero a educación, salud o cualquier fin de interés público.
Sin embargo, la política del Gobierno porteño apunta a preparar estos inmuebles para otros usos, incluidos fines comerciales y vinculados al mercado inmobiliario.
El problema no es solamente quién ocupa actualmente una propiedad sino también qué destino tiene después de ser recuperada por el Estado.
Además, otro problema en cuestión es que la gestión de Jorge Macri utiliza procedimientos administrativos para avanzar con determinados desalojos sin una orden judicial. El planteo es que, de esa manera, el Ejecutivo porteño puede recuperar inmuebles sin pasar previamente por el control de la Justicia.
En el caso del edificio que llevaba dos décadas ocupado, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes para conocer qué justificó la urgencia del procedimiento, por qué no se optó por reparar o apuntalar el edificio, cuántas familias fueron desalojadas y cuál sería el destino de la propiedad.
Así, la Ciudad comunica cuántos inmuebles recupera, pero no existe el mismo nivel de información pública sobre qué sucede con ellos después. Si se trata de patrimonio público, ese destino debería estar vinculado a una finalidad pública. Sin embargo, la orientación denunciada sería hacia usos comerciales y hacia el mercado inmobiliario.
La gestión habla de defender la propiedad privada y devolver propiedades a sus dueños. Pero cuando el inmueble pasa a formar parte del patrimonio público, el Estado también tiene una responsabilidad sobre su destino.
