MILEI ELIMINA VIALIDAD NACIONAL Y DESMANTELA INSTITUTOS DE SALUD EN ARGENTINA
El gobierno libertario de Javier Milei anunció la eliminación de Vialidad Nacional causando la desaparición del organismo estatal encargado de planificar, construir y mantener las rutas nacionales. Su cierre representa el abandono por parte del Estado de una función clave: garantizar la infraestructura pública como derecho colectivo y de seguridad. Se rompe así el principio de subsidiariedad, por el cual el Estado actúa en los espacios donde el mercado no tiene incentivos, como en rutas de baja rentabilidad, pero alto valor social y estratégico.
Privatización del libre transito
El cierre de Vialidad es un esquema de privatización encubierta, donde las rutas podrían concesionarse a empresas privadas que establecerían peajes con precios contundentes convirtiendo el tránsito en una suscripción al estilo Netflix. Al mercantilizar la circulación, se fragmenta la conectividad nacional y se pierde soberanía territorial, similar a la eliminación de los ferrocarriles en los ’90.
En Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón, la red vial principal es pública y financiada por el Estado. El sistema Interstate Highway en EE.UU. fue desarrollado con fondos federales, no con inversión privada. En los países donde existen modelos mixtos, el Estado mantiene el control estratégico por razones logísticas, de defensa y soberanía.
Vialidad Nacional es además un reservorio de conocimiento técnico acumulado en planificación, ingeniería e infraestructura, por lo que su desaparición implica la destrucción de capacidades estatales que no pueden ser reemplazadas fácilmente. Miles de trabajadores con formación especializada quedarán desplazados, afectando tanto a ellos como a las comunidades que dependen de la obra pública, sumado a los pueblos que quedan sin conexión y destinados a desaparecer.
La experiencia internacional y local muestra que las concesiones privadas encarecen el mantenimiento vial, priorizan zonas rentables y reducen la inversión en áreas periféricas. En muchos casos, el Estado termina subsidiando a los concesionarios o rescatando rutas mal gestionadas, como ocurrió también en los ‘90.
El principio de integración territorial también se ve afectado. Las rutas nacionales, al igual que los ferrocarriles o las líneas aéreas estatales, cumplen una función estratégica de conexión, igualdad de acceso y pertenencia. Su privatización convierte al país en un mosaico de corredores rentables y regiones aisladas. Esta política continúa la lógica de desguace aplicada a Aerolíneas Argentinas, la Marina Mercante y el sistema ferroviario durante las últimas décadas.
Aún continuando el discurso de que se “estarían bajando impuestos”, el impuesto al combustible, destinado históricamente al mantenimiento de rutas, no será eliminado, a pesar de que Vialidad Nacional dejará de existir.
En Honduras se aplica un modelo similar: para trasladarse de un municipio a otro es necesario pagar peajes. Las rutas están en mal estado y las concesionarias privadas no realizan mantenimiento adecuado y la movilidad quedó restringida para quienes no pueden pagar.
Cambios en el sistema de salud nacional
El gobierno también avanzó con una reforma estructural en el sistema público de salud nacional, en el marco de las facultades delegadas. El Poder Ejecutivo Nacional ya no podrá crear nuevos hospitales. Se eliminan organismos, se reconfiguran estructuras y se reducen funciones clave.
Cinco hospitales nacionales —Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS— fueron unificados bajo la nueva «Administración Nacional de Establecimientos de Salud». Las Delegaciones Sanitarias Federales fueron eliminadas. También se disolvieron organismos con funciones estratégicas en áreas críticas:
- Instituto Nacional del Cáncer
- Instituto Nacional de Medicina Tropical
- Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares
- Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal
Además, el Malbrán perdió su autarquía, limitando su capacidad de actuación científica y técnica. Se eliminaron programas de residencias médicas y se precarizó la situación laboral de los profesionales de la salud en formación.
Estas medidas reducen el rol del Estado como garante del acceso universal a la salud, debilitan la capacidad de respuesta frente a enfermedades y epidemias, y eliminan herramientas clave de planificación sanitaria y desarrollo científico. En su lugar, otros jugadores verán como sacar provecho de la situación, desde empresas de seguros médicos, hasta iglesias que ofrecerán salud a cambio del diezmo.
