LA NUEVA MEGA POLICÍA DE BULLRICH: MENOS LIBERTAD, MÁS CONTROL

Un nuevo decreto presidencial firmado por Javier Milei y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, otorga nuevas facultades a la Policía Federal, eliminando la supervisión judicial en áreas críticas. Este cambio reposiciona al Ministerio de Seguridad como una autoridad central de inteligencia, con la capacidad de investigar, vigilar e intervenir en la vida de los ciudadanos, sin la intervención de los tribunales.

Una policía sin limites

Hasta ahora, las investigaciones de la Policía Federal requerían órdenes judiciales, pero bajo las nuevas normas, el Ministerio de Seguridad puede ordenar a la Policía Federal que inicie investigaciones sin la autorización de ningún juez. El decreto esencialmente evade al Poder Judicial, otorgando a Bullrich poder unilateral sobre cuándo y cómo se activa la vigilancia estatal.

El decreto también elimina las limitaciones establecidas por la Ley de Inteligencia de Argentina, una de las protecciones legales fundamentales de la democracia, que prohíbe la recopilación de inteligencia nacional sin autorización judicial. Ahora, las investigaciones policiales ni siquiera se considerarán «operaciones de inteligencia» según la ley, lo que significa que están exentas de dichas restricciones y nos deja a merced de prácticas invasivas típicas de la ex montonera.

¿Censura online?

El Ministerio tendrá acceso a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de justificación legal con el poder de:

• Monitorear redes sociales.
• Rastrear la actividad en línea.
• Extraer información personal de plataformas digitales.

Estas facultades habían sido propuestas previamente, aunque en términos mucho más limitados, por la nefasta exministro Sabina Frederic durante la pandemia, solo para ser rechazadas ferozmente por muchos de los mismos actores políticos que ahora apoyan o ignoran la iniciativa de Bullrich.

El documento incluso incluye un permiso explícito para que la policía realice «acciones preventivas» en «espacios públicos digitales» como las redes sociales, sin necesidad de autorización previa. Las nuevas prácticas nos hacen preguntarnos donde se delimita la línea entre la aplicación de la ley y la vigilancia digital si otorgamos al Estado la facultad de rastrear el comportamiento en línea sin ningún tipo de control.

¿El fin de los espacios públicos libres?

Los registros en espacios públicos son otro elemento clave del cambio. Los agentes podrán ahora detener a personas en la calle, inspeccionar sus bolsos o vehículos, e incluso detenerlas basándose en sospechas vagas, todo sin orden judicial. Las nuevas normas codifican esta práctica, convirtiéndola en la norma y no en la excepción.

Si bien algunas facultades, como la detención de personas para verificar su identidad, existen desde hace décadas, este decreto las sitúa en un marco mucho más amplio y peligroso porque ahora, el Ministerio de Seguridad, y no el poder judicial, decide quién es sospechoso, a quién se investiga y hasta dónde llegan esas investigaciones.

Privatización encubierta de las fuerzas policiales

Otro aspecto controvertido del decreto se relaciona con la privatización de los servicios policiales. El Ministerio puede ahora asignar la custodia o protección policial a particulares o entidades, a cambio de un pago. Esto convierte, en la práctica, a una fuerza de seguridad pública en un servicio semiprivado, disponible para quienes puedan costearlo, independientemente del riesgo o la necesidad real.

Un cambio simbólico pero significativo es la eliminación del requisito de que el jefe de la Policía Federal sea civil. Hasta ahora, esta posición implicaba la idea de que la fuerza respondía a la autoridad política electa. Bajo el nuevo estatuto, el liderazgo debe permanecer estrictamente dentro de las filas, reforzando la autonomía institucional y reduce la responsabilidad política.

Al eliminar las barreras entre la política de seguridad y las operaciones de inteligencia, Milei y Bullrich están sentando las bases para un gobierno que considera la disidencia pública una amenaza y trata la crítica política como un asunto de seguridad nacional.

Como explica el término “anarcotiranía”, la nueva policía estará encargada de tener bien vigilada a la población, mientras los delincuentes seguirán teniendo vía libre.