LIJO Y MANSILLA: LA CASTA RANCIA JUDICIAL ASIGNADA PARA SALVAR A MILEI

El presidente Javier Milei ha vuelto a encender la polémica al designar en comisión a Ariel Lijo y a García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. Con este procedimiento excepcional, el Ejecutivo evita la aprobación inmediata del Senado, que tiene hasta el cierre de las sesiones ordinarias de noviembre para dar su acuerdo. Si el Senado aprueba la designación, los jueces quedan; si no, dejan de ser parte de la Corte.

La medida se produce en plena crisis política, marcada por el escándalo de la criptomoneda $Libra y una reciente disputa con Clarín por la compra de Telefónica por parte de Telecom.

En medio de este proceso, se comenta que el juez Ricardo Lorenzetti habría prometido impunidad a Milei. La idea era formar una tríada en el que Lorenzetti, a cambio de que Milei designe a dos miembros nuevos a su favor, votaría todo lo que se le pidiera, ya que los otros dos integrantes actuales están en su contra. Por su parte, la exdiputada Elisa Carrió se refirió al asunto en términos contundentes:
«Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional.»

Ariel Lijo posee una carrera manchada de controversias y encubrimiento

Con casi 20 años como juez federal en Comodoro Py, Ariel Lijo se ha ganado la fama de ser uno de los magistrados más influyentes y a la vez cuestionados en el ámbito judicial argentino. Su nombre está ligado a casos de alto impacto político y económico, como la causa Ciccone, el escándalo del Correo Argentino y la investigación por la voladura de la AMIA. Un informe de la ACIJ y el Inecip reveló que de las 89 causas de corrupción que tuvo en sus manos, la mitad llevan más de una década sin resolverse y solo el 15% han llegado a juicio oral, dejando un índice de resolución del 44%. De estas 89, 63 fueron cerradas sin investigación y 26 siguen en etapa de instrucción desde 2017.

Lijo es conocido por utilizar las causas judiciales como herramientas políticas, dejando los casos “durmiendo” hasta que le convenga reactivarlos. Además, junto a su hermano Alfredo – reconocido operador en el Poder Judicial – ha estado involucrado en diversos negocios, incluyendo propiedades y haras de caballos, lo que les habría otorgado una fortuna difícil de explicar. En 2018, el crecimiento patrimonial de ambos fue investigado tras una denuncia de Elisa Carrió. Cabe destacar que los hermanos fueron sobreseídos por Julián Ercolini, otro juez de Comodoro Py con un historial similar de uso político de las causas.

¿Qué hay en el juzgado de Lijo?

En su juzgado hay 13 causas de corrupción abiertas desde hace más de 10 años. Entre ellas se encuentra la investigación por YPF, que involucra a empresarios y dirigentes kirchneristas y que le costó a Argentina una condena de US$16.000 millones en EE.UU., y el expediente Siemens contra menemistas, de algunos que ya pasaron a mejor vida. El caso más explosivo es el expediente CFP 3518 del 2006, relacionado con el vaciamiento y la expropiación de YPF, donde se investigan delitos como la infracción del Código Aduanero, el incumplimiento de autoridad, la violación de los deberes del funcionario y la defraudación a la administración pública. La Cámara Federal investiga la posible manipulación de datos técnicos que podría haber causado la pérdida anual de importantes volúmenes de gas y petróleo para el país.

Además, Lijo recibió 32 denuncias por mal desempeño y por la comisión de delitos en el ejercicio de su función, convirtiéndolo en el segundo juez más denunciado de Comodoro Py. Durante sus 20 años en la Magistratura, manejó 89 causas de corrupción: 63 fueron cerradas sin investigación y 26 siguen en etapa de instrucción desde 2017. Su retraso en resolver casos críticos le ha valido el mote de “tiempista”, señalando una falta de cierre en causas que involucran a políticos y funcionarios.

García Mansilla y sus vínculos con el poder de la casta

Mansilla se opuso al fallo de 2016 que obligaba a realizar audiencias públicas para fijar las tarifas de gas, calificándolo de “populismo judicial”. Su especialización en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresarial le valió el puesto de director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en 2014, y continúa siendo directivo de ese organismo. Además, trabajó en reconocidos estudios jurídicos como Marval, O’Farrell & Mairal y Liendo & Castiñeyras Abogados, vinculados a figuras del poder durante la era de Menem.

García Mansilla, liderando el departamento de Derecho Público en un estudio, preparó demandas contra dos provincias por regalías mineras y presentó inconstitucionalidades contra Buenos Aires y Tierra del Fuego por la reglamentación del comercio interior, en beneficio de las empresas transnacionales.

De 2010 a 2014, trabajó en Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo, vinculado a Domingo Cavallo y al plan de convertibilidad menemista, asesorando a petroleras privadas en licitaciones provinciales.

Desde 2014 hasta junio de este año, fue director ejecutivo de la CEPH. Entre sus últimas acciones, redactó una carta dirigida a Luis Toto Caputo y Eduardo Rodríguez Chirillo en la que se rechazaba el pago de deudas de Cammesa con bonos del Tesoro. La nota alertaba que esta medida afectaba el derecho de propiedad de los productores, la seguridad jurídica y podía desincentivar futuras inversiones.

Milei, el dictador de Costa Pobre

Milei, que en campaña prometió romper con la “casta”, parece no tener problema alineándose con ella. Estos puestos eternos, con sueldos millonarios y sin elección popular, son vistos como la máxima expresión de una casta del Poder Judicial antidemocrático y privilegiado.

La designación de García Mansilla, junto a la de Lijo, también se percibe como una prenda de negociación para asegurar el ingreso del juez federal al máximo tribunal. Diferentes sectores políticos han calificado este proceso como inconstitucional, y es destacable que, apenas cinco meses atrás, el propio Mansilla en una audiencia ante el Senado expresó que, aunque creía constitucional el mecanismo del artículo 99.19 que usa Milei, no lo aceptaría porque “son decisiones que erosionan y deslegitiman a la Corte.”