INDRA: LA OSCURA EMPRESA CONTRATADA PARA CONTAR LOS VOTOS EN ARGENTINA
La gestión de Javier Milei avanzó con las dos contrataciones clave para las elecciones legislativas de octubre: la impresión de la nueva Boleta Única de Papel (BUP) y el escrutinio provisorio, es decir, el cómputo de votos que se difunde la misma noche de los comicios.
Esta vez, ambos procesos quedaron bajo la órbita del Correo Argentino, que decidió llevarlos adelante mediante licitaciones privadas, sin publicación en el Boletín Oficial ni acceso público a los pliegos.
Hasta ahora, las licitaciones para el conteo provisorio eran públicas e internacionales, a cargo de la Dirección Nacional Electoral (DINE). Pero este año, el Gobierno optó por un método más cerrado y veloz, aunque también más opaco.
El Correo invitó solo a tres empresas a concursar. Las propuestas se presentaron en formato físico, en sobres cerrados, y sin digitalización.
La adjudicación fue para Indra Sistemas, la empresa española que ha manejado conteos electorales en su país natal, Ecuador, Colombia y República Dominicana.
Indra cobrará 21.000 millones de pesos, pero los detalles del contrato no están disponibles públicamente. En el sitio del Correo solo figura el número de proceso —“031MB02074”—, adjudicado el 4 de junio, sin pliegos, ofertas ni documentación.
Indra no es nueva en la escena electoral argentina. Ya trabajó en los comicios de 2021 y 2023, y en ambos casos los resultados provisorios se conocieron en tiempo récord, pero internacionalmente la confianza en la empresa no ha sido la mejor. En 2017, un informe de la Junta Central Electoral de República Dominicana documentó fallos masivos, opacidad en el software y pérdida de control estatal durante las elecciones generales de 2016.
Según ese reporte, los votos se transmitían primero a los servidores de Indra y luego a la autoridad electoral, impidiendo la supervisión directa de los técnicos locales.
El documento también advertía que el software era propiedad privada de Indra, lo que imposibilitaba auditorías del código fuente y dejaba a la Junta como mera receptora de los datos procesados.
Milei decía que Indra era sospechosa
En Argentina, la licitación de 2025 estableció que solo podrían competir empresas que, en los últimos seis años, hubieran participado en elecciones con al menos 90.000 mesas de votación.
Ese requisito dejó automáticamente fuera a casi todos los posibles competidores locales o regionales, allanando el camino para que Indra quedara como única opción viable.
A pesar de que la contratación formalmente se limita a las elecciones de este año, las condiciones garantizan su continuidad en futuros comicios, ya que ninguna otra empresa cumpliría con los antecedentes exigidos.
Las ofertas se abrieron en máximo hermetismo, veinte días antes de las elecciones. Los plazos de cotización fueron reducidos a la mitad, pasando de 30 a 15 días, algo inusual para contrataciones de esta magnitud.
Mientras tanto, el Correo mantuvo bajo reserva toda la documentación técnica del proceso, a diferencia de los comicios de 2023, donde se publicaron los términos y se aceptaron observaciones de partidos y ONGs.
Hay que tener en cuenta que apenas un día antes de las elecciones, el CEO global de JP Morgan, Jamie Dimon, llegó a Buenos Aires. Mantuvo reuniones privadas con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el propio Javier Milei, en un encuentro realizado en el Museo Nacional de Arte Decorativo.
La coincidencia no pasó desapercibida: En 2023, JP Morgan había adquirido el 10,58% de las acciones de Indra, convirtiéndose en su segundo mayor accionista, solo detrás del Estado español, que controla el 25%.
El banco norteamericano, con inversiones globales en tecnología y defensa, se ubicó así como uno de los socios estratégicos de la empresa encargada de digitalizar los resultados electorales argentinos.
Fuentes del sector informático señalan que la intención de Indra es retener todos los servicios informáticos electorales del país y lograr una contratación de largo plazo, mínimo por cuatro años.
Tras bambalinas, las gestiones estarían impulsadas por Facundo Prado, empresario tucumano y dueño del Grupo Lapachos, quien se presenta como accionista de la firma española y mantiene contactos frecuentes con la Casa Rosada, en especial con su socio Mario Lugones, ministro de salud.
