UNA PERIMETRAL CONTRA UN EXDIPUTADO LIBERTARIO
Según documentación judicial que habría trascendido públicamente, el Juzgado de Familia Nro. 3 del Departamento Judicial Avellaneda–Lanús habría dictado una restricción perimetral contra Sebastián Pascual, ex diputado bonaerense y ex integrante del bloque de La Libertad Avanza, originalmente hombre de Bullrich. La medida se habría adoptado en el marco de una causa por presunta violencia de género iniciada por Paola Gisela Albarracín.
De acuerdo con ese oficio judicial, la resolución le prohibiría acercarse a la denunciante a una distancia menor a 200 metros y tendría una vigencia estimada de 120 días corridos, conforme a la Ley 12.569 de Protección contra la Violencia Familiar. También se habría dispuesto notificar a la comisaría correspondiente para asegurar el cumplimiento efectivo de la medida.
Expedientes acumulados y cautelares previas
La decisión del juzgado se habría originado tras la acumulación de dos expedientes, identificados como AL-26636-2025 y AL-34324-2025, en los que se investigarían distintos episodios de presunto hostigamiento y amenazas. En esas actuaciones constaría que previamente ya se habían dictado medidas cautelares, entre ellas un supuesto cese de hostigamiento.
Siempre según la información judicial incorporada, esas medidas habrían sido desobedecidas, lo que habría llevado al tribunal a avanzar con una restricción perimetral más amplia ante un escenario considerado de riesgo.
En el relato incorporado a la causa, Albarracín habría denunciado amenazas reiteradas, llamados intimidatorios y hostigamiento a través de redes sociales. También se mencionarían publicaciones atribuidas a Pascual que el juzgado habría evaluado como relevantes al analizar un posible incumplimiento de las órdenes judiciales vigentes.
Algunos de esos episodios habrían incluido advertencias transmitidas por terceros, lo que habría reforzado la hipótesis de un hostigamiento persistente en el tiempo.
Denuncias por presunta corrupción como telón de fondo
Según consta en las actuaciones, la denunciante habría vinculado estos hechos con presentaciones previas realizadas ante la Oficina Anticorrupción y la subsecretaría de Transparencia Institucional, donde Pascual estaría siendo investigado por presuntas irregularidades. En ese marco, habría sostenido que el objetivo de las agresiones habría sido desacreditarla y amedrentarla para frenar esas denuncias.
Las constancias del expediente reflejarían una coincidencia temporal entre esas presentaciones administrativas y el presunto aumento de las intimidaciones.
Hasta el momento, no se conocerían pronunciamientos públicos por parte de La Libertad Avanza ni de sus principales referentes en relación con esta resolución judicial. Tampoco habría trascendido la adopción de medidas internas vinculadas al caso.
La restricción perimetral se mantendría vigente mientras la causa continúa su curso en el ámbito judicial.
Este expediente se sumaría a una denuncia penal previa que estaría radicada ante la UFI Nro. 8 y el Juzgado de Garantías Nro. 2 de Avellaneda–Lanús, también vinculada a presuntos hechos de violencia de género y lesiones. Esa investigación penal continuaría en trámite, en paralelo a las medidas de protección dictadas en el fuero de familia.
Pascual seguiría viviendo del estado bajo un contrato realizado por el diputado provincial Nahuel Sotelo.
