BULLRICH DUERME UN CASO DE CORRUPCIÓN A FAVOR DE SUS AMIGOS EMPRESARIOS
En el año 2019, un proyecto por valor de $188.700 millones de pesos (u$d3.150 millones de dólares a cambio de la época) se adjudicó a una sociedad temporal de empresas (UTE) formada por RG7 SAU y Ernesto Tarnousky SA para remodelar el Paso Fronterizo Internacional de Jama en Jujuy. La obra se financió a través de FONPLATA, un fondo de desarrollo regional destinado a fortalecer la presencia de Argentina en zonas fronterizas estratégicas. Ninguna de las empresas contaba con la formación técnica ni un historial para este tipo de trabajo, además que ambas ya eran conocidas en la Ciudad de Buenos Aires por proyectos que jamás completaron.
Similar a sus anteriores proyectos inconclusos, el plazo de 300 días pactado con el gobierno venció pero la plata no se devolvió. En la actualidad, el gobierno duerme todo pedido para que los contratistas devuelvan el dinero que se les otorgó.
Situación actual
Se envió un expediente junto con el proyecto que resinde la obra al Ministerio de Seguridad manejado por Bullrich en enero de 2024. El jefe de Gendarmería, Antonio José del Pilar Bogado, pidió que se aplicaran multas a las dos empresas constructoras con el objetivo de recuperar el dinero invertido.
Bullrich ignoró el expediente ex-2021-84786988-apn-dirsaf#gna y todo pedido para realizar una investigación, por ende, hace casi dos años que tiene el caso dormido, posiblemente para que pase el plazo y que los contratistas pidan la prescripción de las multas y así no devolver ni un peso.
Puja legal y contactos internos
Mientras el ministerio dejaba el caso archivado, los contratistas tomaron la iniciativa. RG7 SAU y Ernesto Tarnousky SA enviaron una notificación formal exigiendo pleno acceso a todos los registros administrativos relacionados con el proyecto, supuestamente para preparar «respuestas legales apropiadas».
Las conexiones políticas en torno al caso no terminan ahí. Una allegada de Luis Caputo, la abogada Alejandra Beatriz Figueirido, representa legalmente a la misma empresa que no ejecutó el proyecto.
Mientras defendía a los contratistas en su intento de evitar la devolución de fondos públicos, también fue nombrada por la administración de Milei para el Comité Ejecutivo del Fondo para la Expansión de la Matriz Productiva de Tierra del Fuego. Ocupa un cargo gubernamental y, al mismo tiempo, trabaja para proteger a la empresa que abandonó el proyecto fronterizo.
Lo que comenzó como una obra pública multimillonaria se convirtió en una operación sincronizada donde el contratista nunca construyó nada, el Ministerio de Seguridad se negó a avanzar con el caso y personas con contactos internos se posicionaron para proteger a las empresas de cualquier responsabilidad financiera.
